Indignados

Matko Koljatic

Esta es una historia real. Por dos décadas ella votó a favor de candidaturas de la Concertación. Como adherente de la Democracia Cristiana disciplinadamente seguía las decisiones del partido. El domingo antepasado cambio su conducta y fue a votar en las primarias de Chile Vamos. Según contó, votó por Felipe Kast. Cuando se le preguntó por qué, respondió que está indignada con el gobierno de la Nueva Mayoría (NM).

Por cierto no es la indignación de los violentistas –como los que causan desmanes en las marchas en Chile o como la de los manifestantes que perturbaron la reunión del G-20 en Hamburgo- sino que es una indignación soterrada, que se manifiesta en la forma en que se solucionan los problemas en democracia, yendo a votar para cambiar a quienes gobiernan. Podríamos decir que ésta fue la primaria de los indignados. Un millón ochocientos mil de ellos, de todos los espectros.

Lo que indigna no es un hecho aislado, sino que una suma de ellos, que llevan a pensar que la oportunidad que se tuvo de avanzar hacia un mejor país en estos cuatro años aparece ya perdida. Y ello –si me perdonan el uso de una referencia religiosa- por pecados de “obra” y otros de “omisión” por parte del gobierno de la NM.

El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un ejemplo de este último tipo de “pecados”. Más allá de que se eliminara la expresión de “negligencia culpable” en el informe de la Comisión Investigadora Sename II de la Cámara de Diputados, lo que indigna es que en estos años no se haya hecho nada. Las evidencias son demasiado conocidas y por demás penosas como para que haya una explicación razonable de por qué no se ha avanzado en un problema que debiera haber tenido la más alta prioridad gubernamental al momento de legislar y aportar recursos. Lo concreto es que hasta el momento, lo que hay es una omisión culpable: salvo un aporte presupuestario menor a fines de 2016, no se ve avances en la reforma al Servicio Nacional de Menores… ¡la reforma más urgente y necesaria de todas!

Por otra parte, se actúa frenando al país con una falta de responsabilidad sorprendente. Mientras desde el Ministerio de Hacienda e incluso desde el Congreso -de la senadora Goic y del senador Montes, por ejemplo- hay un discurso pro crecimiento, la Comisión de Monumentos Nacionales, conformada mayoritariamente por funcionarios nombrados por su afiliación política, detiene por razones ideológicas una inversión de más de US$ 300 millones y que medios de prensa reportan alcanzaría a 200 mil metros cuadrados construidos.

¿Habrá sopesado la ministra de Educación, Adriana Delpiano, que su firma -en el decreto que determinaba que los edificios abandonados en el lote 18 A1 de la Villa San Luis pasaban a ser Monumento Nacional- destruiría cientos y quizás miles de puestos de trabajo? ¿Dónde estaban la presidenta Bachelet, el ministro Valdés, la senadora Goic y el senador Montes cuando se aprobó que Delpiano firmara? Porque es de suponer que en el comité político de los lunes el tema fue tocado.

La decisión de la Villa San Luis se encuadra en la misma lógica por la cual La Moneda descartó a las concesionarias privadas en la construcción de hospitales y prohibió el lucro en la educación particular subvencionada. En estos casos se han dado grandilocuentes argumentos ideológicos defendiendo las medidas, pero los hechos son que el gobierno de Bachelet no cumplirá con su promesa de construcción de hospitales y que la reforma educacional está dejando a miles de padres descontentos porque no pueden inscribir a sus hijos en las escuelas y liceos en que quieren y ven cómo una tómbola reemplaza su libertad de elección. ¿Cuántos votantes se habrán movilizado por esta última razón?

De modo que a los indignados solo les queda la esperanza de que las cosas cambien a partir del 2018. Entretanto se tienen que consolar con la desafortunada frase del ministro Valdés: “El 1,3% de crecimiento es mucho mejor que el 0% del primer trimestre” (Diario Financiero, 5 de julio de 2017).